El aborto es ilegal en todos los casos en el Principado de Liechtenstein, uno de los pocos países europeos que mantienen la prohibición en la mayoría de los supuestos, junto con Irlanda, Malta y Polonia. Una minoría intenta despenalizarlo hasta la duodécima semana. Tras fracasar en el Parlamento, ha llevado su iniciativa a un referéndum que se celebrará el 18 de septiembre.
• FERNANDO CILLÁN OTERO
• 29.AGO.2011

La legislación actual prevé penas de hasta un año de cárcel por los atentados contra la vida del feto. Esto se aplica tanto a los abortos que se realicen en el país como para los cometidos por ciudadanos de Liechtenstein en el extranjero.
El pasado mes de junio se presentó una propuesta para legalizar el aborto. El Landtag o Parlamento del pequeño país centroeuropeo rechazó el proyecto de ley por abrumadora mayoría. Sólo 7 de los 42 parlamentarios votaron a favor.

La respuesta de los abortistas no se hizo esperar, porque creen que la casi unanimidad registrada en el Parlamento no se corresponde con la verdadera opinión del pueblo. Según ellos, en torno a cincuenta mujeres se ven obligadas cada año a viajar a clínicas extranjeras para someterse al aborto. Los partidarios de la legalización han reunido las 1000 firmas necesarias que la Constitución exige para llevar una ley a referéndum: no muchas, si bien hay que tener en cuenta que Liechtenstein cuenta poco más de 35.000 habitantes.

En Vaduz, el pasado 15 de agosto, fiesta nacional, el príncipe heredero Alois von Liechtenstein, de 43 años y católico, anunció públicamente su oposición a la despenalización del aborto, independientemente del resultado del referéndum. Destacó entre las razones de su postura “la problemática de los abortos de niños discapacitados”, que son eliminados en gran número en los países donde el aborto es legal.

Si la iniciativa fuera aprobada, el heredero se opondría a que se ratificara como ley, dando a entender que su padre, el soberano de la nación, se negará a firmar. Sin la firma del príncipe Hans Adam II, la legislación propuesta no puede entrar en vigor en Liechtenstein. Aunque Alois no es formalmente jefe del Estado, cargo que desempeña su padre , éste le traspasó las competencias correspondientes, entre ellas la de sancionar las leyes.