Frente a la cultura de la muerte que se viene inoculando desde hace tantos años, hay que pensar que la muestra de los horribles crímenes contra los bebés, y la siembra paralela del aprecio por la vida, no ha sido inútil. Hace tiempo, hablar del aborto era un tema tabú. Hoy no. Hace unos días, la votación en la Comisión del Senado ha sido muy igualada. Con serenidad, con ciencia, con argumentos, con ayudas a las embarazadas, educando en una sexualidad responsable, de igual modo que se ganó, por ejemplo, la batalla contra la esclavitud, la cultura de la vida ganará terreno

Intereconomia Rafael Miner
La mayor masacre de la historia puede dar otra vuelta de tuerca hoy, 24-F de 2010, en el Senado español, por iniciativa de un gobierno socialista radical y laico, y la complicidad de otros parlamentarios. La Historia les juzgará. Ni todas las guerras del siglo XX, ni el holocausto nazi, ni Vietnam, ni las bombas atómicas, ni las mayores catástrofes naturales o provocadas en Africa, Asia u otro continente, han provocado tantas violaciones contra el primer derecho humano, el derecho a la vida, como los abortos legales, es decir, amparados por leyes emanadas de parlamentos elegidos por el pueblo, en el caso de las democracias, o de dictaduras sin libertades.

El poder legislativo, es decir, la legalidad, erigida en norma ética y moral, en un dios que permite matar a los seres humanos más indefensos, según en qué plazos o supuestos, en función de un puñado de votos.
Los 'nascituri', concebidos y aún no nacidos, han sido sentenciados en nuestra civilización judeocristiana, y en los países comunistas, con decisiones que nacieron en la revolución rusa, a primeros del siglo XX, y se trasladaron después a China y luego a Occidente, comenzando por Estados Unidos. Más de ochocientos millones de abortos legales en el siglo pasado, según el WM. Robert Johnston Archive, han informado el semanario 'Alba' y 'El Foro de Intereconomía'.
Si hubiera sorpresas en el Pleno de mañana, en el que los rumores sugieren que la defensa del brutal proyecto correrá a cargo de la dirigente socialista Leire Pajín, ni el presidente Zapatero ni sus aliados tendrán que preocuparse: el Congreso hará decaer las enmiendas, si salen adelante, y la ley Aído -denominada así en razón de su impulsora, aquella que dijo: 'para mí un feto de trece semanas es un ser vivo, claro, pero no podemos hablar de ser humano porque no tiene ninguna base científica'-, la ley de Aído, de la vicepresidenta Fernández, de Trinidad Jiménez, y de todas las que se abrazaban y reían en el Congreso cuando la ley pasó el rubicón a finales de 2009, entrará en vigor en pocos meses.
Lo contrario sería una gran sorpresa, y respondiera o no a criterios coyunturales -un presidente como Zapatero acosado por su inoperancia, por 4,5 millones de parados y por un déficit público superior al 11%-, permitiría pensar en que alguien en el Parlamento ha tenido un momento de lucidez y no se ha dejado embaucar por falsos argumentos, a lo mejor comprensibles a mediados del pasado siglo, pero completamente caducos, trasnochados y anticientíficos desde hace décadas, como demostró con su testimonio arrepentido el Dr. Bernard Nathanson, tras cometer la increible cifra de 75.000 abortos, incluido su propio hijo.
El Parlamento español permitió el aborto en 1985 en tres supuestos que ya conocen. Pero el aborto sigue siendo un delito. Esta ley inhumana que un Gobierno enloquecido y sus incomprensibles aliados -proteger al más débil siempre ha sido un distintivo, al menos teórico, de la izquierda-, quiere sacar adelante, convierte el aborto en un inexistente 'derecho' de la mujer, y permitirá la aniquilación del bebé hasta los tres meses y medio (semana catorce), y hasta las cinco meses y medio (22 semanas) siempre que "exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "graves anomalías en el feto". Los más disminuidos, los discapacitados, indefensos. ¿Dónde queda la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948?
UN REPORTAJE DE 'EPOCA'
En noviembre de 2002, la revista 'Epoca' publicó un extenso reportaje de investigación, titulado 'Así se aborta en España. El negocio de la muerte'. Sus autores, Miguel Gil e Higinio Mosteiro, demostraron cómo se practicaban en España abortos de siete meses en diversas modalidades (morir aspirado, morir triturado,....), y que "el fraude en los informes psiquiátricos permite el aborto libre". Julio Ariza, editor de 'Epoca' entonces, y presidente del Grupo Intereconomía, escribió, contra su costumbre, una carta titulada "A los lectores de Epoca, con horror y vergüenza". Concluía así: "No somos moralistas, ni militantes provida, ni pretendemos imponer a otros un código de conducta o una escala de valores. Nos limitamos a poner estos hechos delante delante de sus ojos. Lo que describimos no está trucado, ni manipulado, ni cocinado, ni sacado de ningún contexto. Todo es sencillo y real: en España en el año 2002 se acaba con la vida de criaturas indefensas e inocentes de más de seis meses con técnicas que producen náuseas, horror y vergüenza a cualquier ser humano dotado de conciencia. Todo esto va a seguir ocurriendo si los políticos, los gobernantes, y los españoles queremos seguir mirando hacia otro lado. Si así ocurre, estas imágenes quedarán como el testimonio de nuestro egoísmo y nuestra barbarie".
En el mismo número, Miguel Durán terminaba así su artículo: "Si a principios de 1955 (cuando empenzaba a formarme en el vientre de mi madre), hubiera existido todo esto, probablemente, ciego irreversible como soy, alguien hubiera convencido a mis padres para que dejaran que me matasen".
Ramón Pi, en su reflexión de última, finalizaba: "Atribuir a esta matanza en masa la vitola de 'progresismo' es uno de los sarcasmos más sangrantes imaginables. Aceptar las leyes que consienten este horror tendría que hacer vomitar a todo progresista sincero".
CONTRA LA BARBARIE, VIDA
Hoy, el Partido Socialista de Zapatero, en lugar en empeñarse en crear empleo asesorándose por quienes más saben, sigue empeñado en sacar esta terrible ley de plazos, después de haber permitido con grave irresponsabildad comercializar la PDD en las farmacias para las jóvenes menores de edad y sin receta médica, fomentando aún más la trivialización de la sexualidad. Y hoy, mientras comunidades autónomas gobernadas por el PP impulsan leyes para ayudar a las madres embarazadas, como la Valenciana, otras como la de Castilla-León siguen empeñadas en el 'suicidio' de la despoblación, adjudicando a centros abortistas 750.000 euros en concepto de "contratación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo (el eufemístico IVE) para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid".
Así informó el diario 'La Gaceta' el sábado 20 de febrero, y les confieso que no podía creer lo que estaba leyendo. Me he alargado mucho más de debido. En todo caso, para no estar en la inopia, recuerden las enormes cantidades que dedican las Naciones Unidas y sus organismos adláteres, y fundaciones norteamericanas como Rockefeller y Ford al control de la población y al fomento del aborto libre (‘derechos reproductivos’, dicen eufemísticamente), no sólo en América Latina.
Finalmente, dos consideraciones jurídicas. 1) Tengo la convicción de que esta ley es, prácticamente con seguridad, inconstitucional. El problema es si sirve de algo tal afirmación. Más valdrá ayudar a todas esas organizaciones que atienden a las mujeres embarazadas, ya madres, que necesitan todo el apoyo de las Administraciones Públicas y de la sociedad civil. Frente a la cultura de la muerte que se viene inoculando desde hace tantos años, hay que pensar que la muestra de los horribles crímenes contra los bebés, y la siembra paralela del aprecio por la vida, no ha sido inútil. Hace tiempo, hablar del aborto era un tema tabú. Hoy no. Hace unos días, la votación en la Comisión del Senado ha sido muy igualada. Con serenidad, con ciencia, con argumentos, con ayudas a las embarazadas, educando en una sexualidad responsable, de igual modo que se ganó, por ejemplo, la batalla contra la esclavitud, la cultura de la vida ganará terreno. Y 2) Recuerden su inalienable derecho constitucional a la objeción de conciencia. Si les llaman 'ultras' por defender a los más débiles y desprotegidos, por defender a la humanidad -bebés, enfermos o ancianos-, no les hagan caso. Se comportan como bárbaros, pero la venda de sus ojos caerá, y volverán a la senda de la humanidad.