Andalucía, con 11 mujeres atendidas, comunidad con más casos atendidos por efectos adversos de la píldora postcoital

Un total de 30 mujeres españolas han tenido que ser atendidas por padecer efectos adversos tras ingerir la píldora del día siguiente, desde su autorización y comercialización el pasado 23 de marzo de 2001 hasta los últimos datos recopilados en septiembre de 2010.
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo concreta el Gobierno en una respuesta escrita registrada en el Congreso y dirigida al PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde también se detalla que Andalucía es la comunidad autónoma que más casos ha registrado, con un total de 11 mujeres que han necesitado atención sanitaria.
Tras Andalucía, le sigue Madrid, con cinco casos; Cataluña, con tres casos; Castilla-La Mancha y La Rioja, con dos; y finalmente, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura y Galicia, con un sólo caso en estos diez años.
En esta línea, el Ejecutivo explica que tiene conocimiento de estos datos gracias a la puesta en marcha de las medidas de farmacovigilancia habituales para todos los medicamentos autorizados, a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en la que participan todas las comunidades autónomas a través de los centros autonómicos de farmacovigilancia.

"Si bien se trata de un sistema de notificación voluntaria, éste es uno de los sistemas por el que se monitoriza la aparición de efectos adversos en medicaciones ya autorizadas por las Agencias de Medicamentos", agrega el Gobierno en su exposición de argumentos.

HISTORIA DE UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO
La píldora del día después comenzó a comercializarse el 23 de marzo del año 2001, pero es desde el pasado 28 de septiembre cuando este fármaco está disponible en España en las oficinas de farmacia para su dispensación sin prescripción médica.

Según añade el Ejecutivo, esta variación en las condiciones de dispensación es una medida que garantiza el libre acceso de las mujeres a la anticoncepción de urgencia, independientemente del mantenimiento, mejora y ampliación de los programas autonómicos que, en centros de salud y hospitales, ofrecen este método anticonceptivo de forma gratuita.