El pasado día 22 de junio el Pleno del Parlamento de Galicia aprobó la Ley por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada, ley con la que se trata de ampliar la red de atención social pública incluyendo en ella a las mujeres embarazadas con el objetivo, como señala el artículo 1 de la propia Ley, de “garantizar y preservar el derecho de la mujer gestante a culminar su embarazo”. El proyecto de Ley había sido presentado en el Parlamento como una Iniciativa Legislativa Popular con la firma de apoyo de casi 25.000 personas

Ignacio López- Chaves Castro - Faro de Vigo, 3 de julio 2010

De lo que se trata con esta ley es de facilitar a la mujer embarazada, que quiera seguir adelante con su embarazo, los apoyos públicos necesarios para ello, suministrándole la información de las ayudas de las que se puede beneficiar para culminar su gestación, estableciendo programas y medidas específicas encaminadas a la integración social de la mujer gestante que se encuentre en situación de riesgo o exclusión social, dándole para ello prioridad para acceder a ayudas y prestaciones, estableciendo medidas de apoyo a las mujeres gestantes menores de edad, a las que se encuentran cursando estudios, a las inmigrantes, etc.

Los recursos públicos deben también dirigirse a apoyar y ayudar a la mujer embarazada que quiera continuar con su embarazo, que quiera ejercer su derecho a la maternidad. ¿O es que algunos quieren que la mujer embarazada que tenga algún problema o dificultad para continuar con la gestación no tenga ese apoyo público? ¿O es que no quieren que puedan acceder a una red de ayuda y quieren dejarla sola porque quiere continuar con su embarazo?
Esta es la postura que parecen defender el PSOE y el BNG que se opusieron a la aprobación de este conjunto de medidas y que no quieren incluir en las políticas sociales el apoyo a la mujeres embarazadas, y sabemos que es una realidad que muchas mujeres se ven abocadas al aborto por la falta absoluta de apoyos. En el debate de aprobación de la Ley la Diputada del PPdeG, Paula Prado, citó ejemplos concretos de mujeres embarazadas que a día de hoy carecerían de cualquier tipo de ayuda social si quisiesen continuar con su embarazo, como una mujer de 24 años a la que no le renuevan su contrato laboral.

Esta ley también supone un progreso en el lento camino de la evolución histórica de ampliación de la protección de los hijos, evolución que siempre ha ido en el sentido de limitar las amplias facultades de sus progenitores sobre ellos y acentuar la intervención de los poderes públicos. Así, desde el ius vitae necisque, el derecho a la vida y a la muerte del pater familias de la primeras etapas del Derecho Romano que se reconocía como una facultad de castigar a los sometidos al poder discrecional del que ejerce la patria potestad, hasta la consideración de la patria potestad como una función de los padres en beneficio de los hijos y no como un poder de los padres sobre los hijos, casi tres mil años de historia han tenido que transcurrir. El propio Aristóteles defendía en su obra Política el infanticidio de los hijos que el llamaba “deformes”, como también lo defendía Séneca. Tácito recriminaba a los judíos el no eliminar a los recién nacidos que excedían en numero como hacían otros pueblos. Sólo a partir del año 374 D.C., y por influencia del cristianismo, el infanticidio, que afectaba mucho más a las niñas que los niños, fue contemplado por la ley como asesinato.

La evolución histórica posterior rechazó esos amplísimos poderes de los progenitores sobre sus hijos, que se fueron debilitando, reduciendo e incluso eliminando poco a poco. Pero ese camino fue muy lento, porque no todos estaban conformes con negar a los progenitores las facultades que hasta ese momento disponían. Así, el Código Civil Español, en su redacción originaria, vigente hasta fechas muy cercanas, disponía que el padre y la madre podían reclamar la intervención del Juez para imponer a los hijos hasta un mes de detención.

Ese avance progresivo en la protección de la descendencia nos marca una dirección: ir retrasando los poderes de los progenitores a las edades más cercanas al nacimiento y convertir esos poderes en simples funciones de las cuales pueden incluso verse privados por decisión judicial. Y el próximo paso en ese camino de progreso será saltar la barrera del nacimiento para proteger a los hijos antes de nacer, algo que ya se reconoce en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos del Niño y en la Convención de los Derechos del Niño de 1989. La nueva Ley de apoyo a la mujer embarazada habla del “derecho a la vida en formación desde el momento de la concepción”, computa al nasciturus a los efectos de ser considerado con la madre como una unidad familiar y denomina madre a la gestante aunque no tenga, en ese momento, descendencia.

La nueva Ley es un avance en el apoyo a la mujer embarazada que libremente decida continuar con su embarazo y, también, un paso adelante en ese camino histórico de mejora en la protección de la descendencia.