La Administración Andaluza aplica el aborto como un método de control poblacional en la creencia ideológica de que el aborto fuera un derecho de la mujer a decidir si la vida de un hijo engendrado, estuviera en sus manos y en la del papá Estado que debería sufragarlo como un servicio más.

Juan Manuel Molina Valdes, el Lunes, 28 de febrero de 2011


Hace años titulé un artículo "El silencio de los galenos", me preguntaba cuál sería la causa de que los colegios, y los médicos particularmente se abstuvieran de pronunciarse sobre el aborto. Transcurridos varios años, y habiendo tratado con muchos profesionales del Servicio Andaluz de Salud, he llegado a una conclusión: la autocensura se debe el miedo, a la falta de formación en derechos ciudadanos ante las administraciones, y a otras cuestiones como atrofia de valores humanos y científicos del personal sanitario, o sea cobardía intelectual e hipocresía ética.
En España el aborto lleva funcionando de modo institucionalizado desde hace un cuarto de siglo, como en España hay diecisiete formas de aplicar las Leyes, voy a referir este artículo exclusivamente a Andalucía. Por lo que cualquier inferencia a otras comunidades será involuntaria, y de elaborarse en esta lectura será la que se haga a sí mismo el posible lector.

La Administración Andaluza aplica el aborto como un método de control poblacional en la creencia ideológica de que el aborto fuera un derecho de la mujer a decidir si la vida de un hijo engendrado, estuviera en sus manos y en la del papá Estado que debería sufragarlo como un servicio más.

De esta forma el aborto en  Andalucía ha estado siempre sufragado, pues bien por el SAS, o por Asuntos Sociales...la Administración ha realizado abortos en centros propios, y en abortorios concertados por cuenta del Estado.

Un cambio de legislación ha supuesto sólamente en Andalucía un cambio: la total implicación de todo el personal que  trabaja para el SAS. La razón es que al convertir un delito despenalizado en derecho, el Servicio Andaluz de Salud lleva a cabo una política de promoción de ese "servicio" entre las "usuarias" del SAS que estén en la Base de Datos de Afiliadas, y de las que no através de Asuntos Sociales.

Los centros de Atención Primaria se llenan de publicidad de los abortorios que concerta el SAS, eleboradas con todo lujo de detalles para acudir a ellos, teléfonos, itinerarios de autobuses, croquis de ubicación, y una enorma cantidad de publicidad institucional sobre el asunto que llega hasta el nivel de pegatinas magnéticas para colocar en el frigorífico.

Los médicos de Atención Primaria, enfermeros, matronas, trabajadores sociales, y personal de la Administración se encuentran ante un cambio en sus obligaciones: tramitar abortos. Una obligación que el SAS no es capaz de transmitirles conforme a derecho, y sí por órdenes fantasma maquilladas de Procedimientos Operativos.

De este modo nadie podrá ejercer el derecho ciudadano de participación, pudiendo presentar alegaciones técnicas a una nueva competencia que se les asigna: ser tramitadores de abortos, algo que les es ajeno por ser materia contraria a la dignidad de los seres humanos.

En el caso de los médicos los códigos deontológicos de la profesión proscriben esas prácticas, y este personal como Estatutario debería hacer uso de esa circunstancia para negarse a tramitar, y cuando lo hacen sistemáticamente la Administración no les admite la comunicación de objeción de conciencia.

Recopilando información:

Médicos de atención primaria: se les inadmite las comunicaciones de objeción de conciencia aduciendo que "no son directamente implicados, y en ese centro no les obligan a practicar dado que no se llevan a cabo". Se les obliga a rellenar hojas de derivación a abortorios de "usuarias" que lo demanden.

Enfermeras y matronas: se les obliga a participar en abortos cuando están de guardia o correturnos, y a dispensar píldoras del día después por órden de médicos.

Ginecólogos: se les obliga a prescribir pildoras del día después, y dispositivos intrauterinos.

Funcionarios y personal laboral o trabajadores sociales: se les obliga a cumplimentar formularios que se identifican exclusivamente por su nombre y número de control de peticiones de abortos, para ser derivadas a abortorios concertados. Siendo la única firma que con su nombre figurará en cualquier expediente tanto en soporte papel como digital.

La forma de acceso del personal sanitario al Servicio Andaluz de Salud es por entrevista. El personal sanitario que trabaja en el SAS es evaluado por unos criterios en los que explícitamente figura que el médico/a informa y demostradamente tramita las peticiones de las usuarias sobre IVE ( acronimo del eufemismo con que se refiere el SAS al aborto provocado).

Este criterio se convierte en un cedazo para cribar al personal sanitario, pues si objeta o no tramita, no le serán renovados los contratos; y caso de no poder ser despedido, será aparcado en la carrera sanitaria.

Este es el motivo por el que los médicos del SAS llevan a cabo una práctica de autocensura, que les impide llevar a cabo de manera eficiente la defensa de sus intereses deontológicos, por miedo a señalarse, o por miedo a perder los privilegios que dentro de sus carreras han obtenido. De este modo hacen negación de su propio conocimiento y eluden evidenciar la paradójica situación de sus Colegios y Códigos deontológicos.

Teniendo en cuenta que la cuestión es eminentemente científica, el silencio de los médicos ante el aborto institucionalizado en Andalucía carece de fundamentos más allá del miedo a padecer, la comodidad, y el "guardarse el aire" unos a otros: los que mandan, y los que obedecen. En resumen una situación al margen de los procedimientos del Estado, ya que al no haber sido publicadas las órdenes por el gobierno andaluz, ni haberse divulgado como tales órdenes, se entiende que en el Servicio Andaluz de Salud, los sanitarios y personal administrativo obedecen órdenes fantasma que les infiere indefensión, miedo y autocensura.

Conclusión: el conocimiento de los derechos de los ciudadanos ante las Admistraciones es básico para que los sanitarios que trabajan para el SAS, puedan ajercer su derecho a objeción de conciencia; y es preciso para que las autoridades se cuiden de abusar de su posición dominante produciendo acoso institucional al personal objetor. Cosa que se lleva a cabo sistemáticamente.

En todo esto la labor de los Colegios de Médicos es bastante marginal, pues los colegios que han tomado alguna iniciativa ha sido la de elaborar unas listas de objetores, sin que se sepa cuál será la utilidad de las listas de objetores. En Andalucía los médicos que trabajan para el SAS no tienen obligación de estar colegiados, pero sí los médicos que trabajen en abortorios. Esto crea a los colegios una situación paradójica, pues deben admitir como colegiados a personal que incumplirá el Código Deontológico de la Profesión, y no va a defender efectivamente a los médicos de atención primaria, que se colegian sin obligación alguna para ello.

Ante esta situación sólo el Sindicato Médico de Málaga se ha pronunciado en medios de comunicación anunciando que llevará a cabo las acciones legales que considere si alguno de sus asociados fuese víctima de acoso laboral por motivos de objeción de conciencia.

Hubiese sido necesario que los colegios y las organizaciones colegiadas hubiesen elaborado un parecer contrario a las leyes del aborto, pero cuando lo han hecho no han sabido transmitirlo, de este modo queda evidente una aceptación colegial al aborto. Como queda demostrado con la cantidad de publicaciones que los colegios elaboran, y actos divulgativos sobre miles de conceptos, no teniendo relevancia alguna dentro de sus políticas de formación la defensa de la profesión ante la intrusión del abortismo.

Otra circunstancia que afecta al silencio de los médicos ante el abortismo institucional