Se considera que el divorcio es sólo un acto con significación privada. Esta idea es evidentemente cierta, pero incompleta. Lo es desde el punto de vista de que corresponde a unas decisiones personales sobre las que el conjunto de la sociedad y sus instituciones, el Estado, no tienen porqué intervenir.
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Pero, al mismo tiempo, deja de serlo cuando este divorcio comporta consecuencias que afectan al gasto público porque el resultado del mismo es la generación de determinados estados de necesidad por parte de la familia monoparental resultante o de los hijos. Esta factura que paga el conjunto de la sociedad es importante y ha ido creciendo con el paso del tiempo porque el número de divorcios ha aumentado y también porque las condiciones en las que queda generalmente la mujer con los hijos a cargo después de la ruptura tienden a ser también, con un signo mayoritario, deudoras de ayudas públicas para no incurrir en una situación de pobreza.

Los costes de la ruptura en Canadá sobre los que han tratado diversos estudios comportan una amplia franja de resultados que oscilan entre los seis mil y los tres mil millones de euros, una cifra a todas luces importante. Otro estudio también relacionado con Canadá situaría esta cifra en algo más de la mitad, en tres mil trescientos millones de euros. Otros estudios de este tipo sitúan, en el caso del Reino Unido, el coste de las rupturas familiares en unos treinta y dos mil millones de dólares una cifra mucho más alta que la del país de Norte América, en parte porque la población del Reino Unido es casi el doble de la canadiense, y en parte también porque el estado del bienestar, y en consecuencia las prestaciones sociales, son sensiblemente superiores en la Gran Bretaña.

Naturalmente, el coste de la ruptura varía en cada país de acuerdo con las prestaciones existentes, pero en todos los casos se encuentra muy presente. Esto determina una aparente contradicción. Una decisión privada y particular que tiene consecuencias colectivas de signo negativo, pero no es el único caso en que sucede tal hecho. La respuesta habitual en situaciones de este tipo, pero que no se aplica precisamente en el terreno de la ruptura familiar, es adoptar políticas de fomento por parte de los poderes públicos de lo que son las buenas prácticas. En este caso, dirigidas a dotar de estabilidad o de estimular la reconciliación en la ruptura para minimizar el divorcio.

En definitiva, se trata de enfoques que no restringen la libertad individual, pero que sí apoyan el desarrollo de aquellas actitudes que significan un mayor beneficio para la colectividad. De no hacerlo así, y ésta es la situación en la que nos encontramos, se produce una clara injusticia puesto que las parejas estables que además en una mayoría extraordinaria son las que tienen un mayor número de hijos deben arrastrar la carga que representa las ayudas a un grupo de población como es el de las familias monoparentales.

De ahí también que la concepción política que aplican algunos gobiernos, entre ellos las comunidades autónomas de España, de equiparar en el mismo plano y a efectos económicos las familias monoparentales y las familias numerosas es un error político grave. No se trata de que las familias rotas no puedan recibir tanta o más ayuda que las que tienen muchos hijos, pero mientras estas últimas han de ser sujetas a la prestación con carácter universal, las primeras solamente lo serían en aquellos casos y de acuerdo con su caso de necesidad.