Un 88% pide una ley que garantice estudiar en español en toda España

Del sepia al color hubo turbas de estudiantes en la calle, seis grandes leyes que amasaron la escuela y un cuadrilátero eterno en el que pegarse sus señorías, tramposos con guantes de terciopelo. Después de todo, hoy la mayoría de los españoles considera que antes se salía mejor preparado y echa en falta un mayor protagonismo del Estado en la enseñanza. Como decíamos ayer...

MADRID.- Nueve de cada 10 personas quieren que el español se lea, se oiga y se aprenda en todas las escuelas. La mayoría pide más control estatal y menos autonómico sobre la Educación, si bien pocos censuran la transfusión de las competencias a las comunidades. Y, aunque con derecho a la objeción, Educación para la Ciudadanía aprueba.

Pero si hay que poner nota, resulta que los estudiantes españoles terminan hoy el Bachillerato peor preparados que hace 30 años.

Estas son las principales conclusiones, en su apartado educativo, de la encuesta elaborada por Sigma-Dos para EL MUNDO. Los malos resultados académicos de nuestros alumnos en los principales medidores internacionales tienen su refrendo en la percepción histórica y dejan una vaharada de nostalgia en el espejo del retrovisor: un 53,4% de los encuestados piensa que los bachilleres de hoy saben menos que los de 1978.

Significativamente, esta opinión negativa está más extendida entre las mujeres (56,9% frente al 49,7% de los hombres), entre los hijos de aquella generación (los más críticos son los que tienen entre 30 y 44 años) y entre los votantes del PP (69,8%).

En lo estructural, la encuesta de Sigma Dos pulsa otras cuestiones que atañen más a la esfera política que a la estrictamente académica. Por ejemplo, el 87,6% de los interpelados en la encuesta sostiene que debería garantizarse por ley que se pueda estudiar castellano en todas las autonomías, opinión que suscribe el 87,9% de los votantes socialistas y un apabullante 96,9% de los que dieron su confianza al PP. En el otro extremo, uno de cada cuatro simpatizantes de Izquierda Unida está en contra de esta posibilidad.

La paradoja política del resultado del sondeo es la que sigue: si bien más de la mitad de los españoles cree que fue un acierto transferir las competencias en Educación a las comunidades autónomas, siete de cada 10 se muestra partidario de que el Estado recupere capacidad normativa en esta materia.

Abundando en la cuestión, la mitad de los votantes del PP encabeza la opinión negativa y considera que fue un error este traspaso competencial. Llamativamente, los entrevistados de menor edad (de entre 18 y 29 años) son los que más abogan por que se devuelva lo dado en enseñanza.

Hablando de autonomías, ¿cuántas Historias de España existen hoy? ¿Hay tantas como comunidades autónomas? El tema preocupa a los encuestados y un 75,4% asegura que debería estudiarse la misma Historia de España en Bilbao que en Zamora, en Barcelona que en Ciudad Real.

Los mayores de 65 años son los más partidarios de homogeneizar estos contenidos, hoy bien dispares. Tres de cada cuatro votantes del PSOE e incluso casi el 70% de los afines a IU abogan por ello. Entre los populares, llegan casi al 88%. De resultas de la disfunción anterior, se perciben consecuencias. Un 60,2% de los entrevistados está «muy de acuerdo» o «de acuerdo» en que «la falta de una visión común de la Historia de España erosiona su unidad». Por edad, el grupo que mayoritariamente defiende esta idea es el que tiene entre 30 y 44 años (63%). De esta opinión es también el 57% de los socialistas.

A pesar de que desde ciertos sectores se empeñen curso tras curso en colocar en el centro del debate educativo temas como las asignaturas de Religión o Educación para la Ciudadanía, lo cierto es que las respuestas evidencian que no hay conflictividad social ni con una materia ni con la otra.

El 63,4% de los interpelados afirma que la Religión debe ser «una asignatura optativa», un 13,8% opina que no debe existir como tal y solamente un 21,5% estima que ha de ser una materia «como cualquier otra», esto es, que contase para pasar de curso, ingresar a la Universidad y la obtención de becas.

Llama la atención el tipo de respuesta dependiendo de quién la contesta. Así, los que abogan por la extinción de la Religión en las aulas son el doble entre los hombres que entre las mujeres (18,3% frente al 9,5%). Los que tienen entre 18 y 29 años son los más partidarios de su erradicación (18,3%). Los que más apuestan porque se equipare al resto, sus mayores defensores, están entre los mayores de 65 (38,5%).

«¿Es necesaria para los jóvenes la asignatura de Educación para la Ciudadanía?», se pregunta a los ciudadanos. Un 69,6% responde que sí (más las mujeres que los hombres).

Son precisamente los de menos edad los que responden negativamente (24,9%). Por partidos políticos, el PP se divide en dos a favor y en contra. El respaldo es importante y ronda el 85% entre los votantes de centro izquierda.

Ahora bien, a pesar de que el aplauso a la materia es mayoritario, no significa que la ciudadanía española no consienta que se discrepe legalmente. Un 62,2% dice que está «de acuerdo con la objeción de conciencia» a la asignatura. Más partidarios de que se respete este derecho hay en el Partido Popular (65,9%) que en ningún otro partido.

Los que más se muestran en contra son los votantes de Izquierda Unida, con un 56,3%.