Para justificar la actuación del Gobierno de España, y motivada por el pánico a una posible inter-vención de nuestra economía, es frecuente escuchar en ese ámbito la expresión “España no es Gre-cia”. Obviamente no lo es, lo cual no dice demasiado. Tampoco España es Polonia ni Hungría, por desgracia para nosotros.
Vicente Morro López

Acaba de cumplirse el primer año de vida -¡funesta ironía hablar de la vida de una ley que legaliza la muerte de seres humanos inocentes convirtiéndola en supuesto derecho!- de la más injusta e in-humana de las leyes españolas: la nueva regulación del aborto.
De todas las malas leyes que se han promulgado en los últimos años en España ésta es la que va a tener las consecuencias más terribles pues va a impedir el nacimiento de miles y miles de vidas humanas.

En este caso la responsabilidad recae en todos los poderes del Estado. La culpa del Gobierno, en su conjunto, y de los legisladores que votaron a favor es incuestionable, pero también lo es la de una parte del poder judicial: el Tribunal Constitucional. Me apresuro a señalar que ya sé que el Constitucional no es en puridad poder judicial. No lo es, pero hace ‘como si lo fuese’. Ha invadido el terreno de la política con sus polémicas sentencias sobre Bildu y sobre el estatuto de Cataluña y ha entrado, sin derecho, en el terreno judicial al apropiarse, violentando nuestro ordenamiento, de competencias del Tribunal Su-premo. Tiene culpa el otrora Alto Tribunal porque, pese a haber declarado que el recurso interpuesto contra la ley se tramitaría por el procedimiento de urgencia, aún no ha dictado sentencia. Pero sobretodo tiene culpa porque no quiso impedir en su momento su entrada en vigor, cuando podía perfectamente haberlo hecho para evitar así la aplicación de esta dramática norma a miles de nasciturus.

Algunos lectores, si han tenido la paciencia de llegar hasta aquí, se preguntarán qué tiene que ver lo que acabo de decir con el primer párrafo y con el título de este artículo. La respuesta es sencilla y clara: todo. Todo porque, mientras R. Zapatero se ha dedicado a legislar, de forma supuestamente progresista, contra la vida humana, y no sólo la naciente, en Polonia y en Hungría la situación es radicalmente contraria. Aborto, dispensación sin receta de la píldora del día después, eugenesia, eutanasia, todo lo que atente contra la vida, y en consecuencia contra la familia, tiene cabida en la España actual, en esa España que está más preocupada por una posible intervención económica que por la vida de miles de sus hijos. Decimos bien hijos: serán hijos vivos o hijos muertos, pero desde el momento de la concepción, como acredita la ciencia y reconoce la recta antropología, son ya hijos y sus madres son ya madres, sin tener que esperar al momento del parto. Son seres humanos vivos y no simples seres vivos como dijera la exministra Aído, que disfruta ahora de un puesto en la ONU comprado a precio de oro. Para esto no ha habido problema alguno ni miedo al despilfarro, como en el caso del señor Moratinos.

En Polonia, en cambio, el camino ha sido el contrario. Partían de una situación terrible después de haber tenido que sufrir, bajo la invasión nazi y la dominación comunista, legislaciones abortistas. Al liberarse de la dictadura, pudieron empezar a corregir la situación, haciéndola más humana. Consiguieron reducir el número de abortos en más de un noventa por ciento (de 82.000 en 1989 a 500 –sí, han leído bien- en 2008) al obligar a la aplicación estricta de la restrictiva legislación vi-gente. Ahora su parlamento, el Sejm, va a discutir una iniciativa legislativa popular, abrumadora y arrolladoramente apoyada por los ciudadanos, para conseguir que no haya abortos en Polonia. Pa-rece que este proyecto tiene opciones de triunfar, a menos que el imperialismo abortista lo impida. Sería una nueva violación, la enésima, de la soberanía del pueblo polaco.

También la situación de Hungría es envidiable para los que amamos la vida. Con un nuevo texto constitucional en el que se defiende el derecho a la vida desde la concepción, el Gobierno húngaro se ha atrevido a financiar una campaña pro-vida con fondos europeos. Los viejos burócratas de la Unión, intolerantes y recalcitrantes ideológicamente, han puesto el grito en el cielo, bueno, mejor en el infierno, obviamente. Además, los húngaros han escrito en el Preámbulo de su Constitución que “Hungría es una nación fundada en la cristiandad”. ¡Qué raro que los progresistas de salón no les hayan mandado ya copiar cien veces que esas cosas ni se hacen, ni se dicen, ni se escriben ni se piensan siquiera!

Polonia y Hungría se están atreviendo a ser libres. También Malta y la República de Irlanda en es-tos temas. Otros lo han intentado, pero han sucumbido a las presiones y, sobre todo, al chantaje económico. Lo mismo hacen muchas agencias de la ONU e instituciones internacionales en diversas partes del mundo: al que no se resigna a seguir los dictados de lo políticamente correcto y de la ideología de género se le veta y se le presiona incluso bloqueando programas de ayuda material y económica.

Tomando prestada la idea me atrevo a decir que, efectivamente, España no es Grecia… pero tam-poco es Polonia ni Hungría, por desgracia para nosotros.

Vicente MORRO.