Lo que nuestros gobernantes no entienden, no les cabe en la cabeza es que haya personas que discrepen de lo que ellos piensan, porque no creen en la libertad y menos en la libertad de pensamiento. Confunden todo; cuando sacan los desarrollos de una ley -que puede ser justa o injusta- apelan a que ha sido aprobada por el Parlamento, como si fuera la garntía de la legalidad y se olvidan que existen unos derechos fundamentales que asisten al ciudadano independientes de las ocurrencias más o menos felices de los legisladores aunque estén refrendados por todos los Parlamentos juntos. Y no quieren reconocer que existe y es legítima la objeción de conciencia cuando esas leyes entran en conflicto co alguno de los Derechos fundamentales.
