El Gobierno ignora a los más de 44.500 objetores, en los tribunales se acumulan casi 400 recursos y algunas comunidades del PP desautorizan a Rajoy

En el umbral del nuevo curso, el área de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (EpC), un conjunto de asignaturas que cambia de nombre según el curso en el que se imparta (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 2º ó 3º de ESO, Educación Ético-Cívica en 4º de ESO, Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachillerato) sigue siendo objeto de una fuerte polémica.

Aunque hasta ahora EpC solamente se ha implantado en siete comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña, Andalucía y Extremadura), la conflictiva materia escolar ha provocado ya 44 513 objeciones de conciencia (correspondientes a otros tantos alumnos) en toda España. Por comunidades autónomas, Madrid (11 531), Castilla-La Mancha (9 014) y Andalucía (7 505) encabezan el ranking de objetores.

Deberíamos desde ahora, con el inicio de curso, procurar nuestra felicidad y la de los que nos rodean durante todo el año y no supeditarla a los "15 días en Agosto"

¿Cómo se puede pedir a un muchacho que respete a su maestro cuando crece en un medio en el que no hay respeto, afecto ni comprensión?

De unos años a esta parte, se habla cada vez más de “violencia en las aulas”. Lo que hace apenas una década era un problema circunscrito a ámbitos juveniles especialmente conflictivos se convirtió pronto en una epidemia que extendía sus ramificaciones a otros ámbitos que parecían poco propicios a este tipo de conductas. Hoy la epidemia más bien parece una pandemia. Y ya no sirven las explicaciones clásicas: hasta hace poco, asociábamos la floración de violencia en las aulas con circunstancias extremas de miseria, delincuencia y desarraigo; hoy sabemos que los muchachos que agreden a su profesor, como los que se divierten propinando una paliza a un compañero de clase y grabando la hazaña en un teléfono móvil, pertenecen también a clases medias, incluso a clases acomodadas. Todavía no se han perpetrado en nuestras escuelas e institutos los aberrantes crímenes que de vez en cuando diezman la población estudiantil en los Estados Unidos; pero incurriríamos en un pecado de complacencia si pensáramos que el mal que nos aqueja es muy diverso del que aflige a los americanos.  

Los objetores reciben un trato desigual según la autonomía

Seis comunidades autónomas se oponen a la asignatura, frente a diez que «castigan» al objetor con el suspenso.

R. Ruiz - La irrupción de Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo ha generado enfrentamientos políticos, respuestas dispares de las administraciones a la objeción, efectos académicos adversos para los alumnos, alternativas creativas a la asignatura, como el caso de Valencia, y una cascada de resoluciones judiciales que no acaba. Nunca antes se había habido un movimiento ciudadano que ofreciera tanta resistencia a una asignatura: son ya más de 44.000 los españoles que se han negado a que sus hijos estudien la asignatura. Ésta es la particular situación que viven las comunidades autónomas respecto a la objeción.

Madrid. La Consejería de Educación prevé seguir los mismos pasos que La Rioja con los alumnos objetores. No tendrán que asistir a clase y tampoco se les podrá calificar con un suspenso por no acudir a la clase, pero todavía no ha formalizado su postura a través de ninguna orden ni pronunciamiento.