“El matrimonio es una institución fundamental que juega un papel esencial en la vida de familia de nuestra sociedad, aunque se trate de una opción personal de un adulto en la que el Estado no debe interferir. En cambio, el Gobierno sí debe apoyar a quienes la eligen, porque para muchos supone el mejor entorno en el que criar a los hijos”.

Ignacio Socías - La Razón, 5 de febrero 2010.

La pasada semana, la BBC decía en sus informativos que “las políticas familiares están empezando a constituir uno de los principales campos de batalla de cara a las próximas elecciones generales”. No le falta razón, porque los líderes de los tres principales partidos del Reino Unido llevan varias semanas debatiendo intensamente sobre este tema.

Lo primero que llama la atención es que no se discute la importancia de la familia, sino la forma más adecuada de promover su estabilidad. ¿Por qué? Durante los últimos años, se han publicado en el Reino Unido muchos estudios que concluyen con una unanimidad abrumadora que el compromiso matrimonial es el que mejor asegura la atención de los hijos, porque refuerza la estabilidad. Un buen resumen es el que hace el último informe del Centre for Social Justice: “Cuando un hijo crece en un entorno distinto de una familia estable, sus posibilidades de fracaso escolar son un 75% mayores, las de caer en la drogadicción un 70% mayores, las de alcoholismo un 50% mayores, las de no poder afrontar sus deudas futuras un 40% mayores y las de no encontrar trabajo un 35% mayores”. Respecto a los cónyuges, ese informe señala que los beneficios para la salud de los casados son equiparables a los de los no fumadores respecto a los fumadores, un ejemplo suficientemente significativo en la sociedad actual.
El Gobierno ha intervenido también con la publicación el 20 de enero de un libro verde, que equivale en la tradición británica a un borrador de libro blanco y, por tanto, a una propuesta de reforma legislativa. Ya en el prólogo se señala que “existe una gran evidencia de que las relaciones sólidas y estables entre adultos -padres, abuelos y demás cuidadores- y de ellos con los niños en el seno de una familia es lo que más contribuye a la felicidad y a la salud en el desarrollo de los hijos”.
La segunda pregunta que cabe hacerse es si las políticas públicas sirven para algo en este campo. En el mismo prólogo, el Gobierno señala que “el matrimonio es una institución fundamental que juega un papel esencial en la vida de familia de nuestra sociedad, aunque se trate de una opción personal de un adulto en la que el Estado no debe interferir. En cambio, el Gobierno sí debe apoyar a quienes la eligen, porque para muchos supone el mejor entorno en el que criar a los hijos”.
Pero una cosa es que la decisión de contraer matrimonio sea algo muy personal y que no tenga nada que ver con las decisiones políticas,y otra que la mejor política familiar sea la total ausencia de ella, como sugieren algunos. La libertad de elegir depende muchas veces de que las circunstancias lo permitan y el matrimonio necesita una cierta capacidad económica que el Estado puede facilitar o dificultar mucho. ¿No es verdad que muchas parejas retrasan su boda porque no cuentan con suficientes ingresos para pagar la hipoteca o los demás gastos que deberían afrontar si se casan? Sus razones pueden ser más o menos objetivas, pero lo cierto es que la situación económica influye en la decisión de contraer matrimonio.
Centrándonos en la situación española, la principal conclusión del informe del Observatorio Joven de Vivienda de España que elabora el Consejo de la Juventud de España, indica que una pareja “debería ganar una media de 2.695 euros al mes para poder comprar una vivienda, lo que supone más del doble de los poco más de 1.250 euros en los que se sitúa el salario medio de este colectivo”. Estas dificultades se agravan aún más cuando una mujer tiene hijos, como señala el profesor del IE Business School Daniel Fernández-Kranz: “Cuando uno estudia los factores que explican la diferencia salarial entre hombres y mujeres, hay uno que destaca sobre el resto: los hijos. Si comparamos los salarios de hombres y mujeres sin hijos, la diferencia salarial entre ambos sexos se reduce en más de un 50%. Resulta sorprendente comprobar cómo en países con una fuerte regulación laboral tendente a la igualdad salarial, la diferencia de ingresos entre mujeres con y sin hijos es superior, y no inferior, a otros países”. De hecho, como señala el mismo Fernández-Kranz, “las mujeres se enfrentan a una doble problemática. Por un lado, cerca de la edad de concebir su primer hijo, entre los 25 y 29 años, prácticamente la mitad de ellas sigue trabajando con contratos temporales; con lo que no disfrutan de la protección laboral que otros colectivos sí tienen. Y esto retrasa la edad de tener descendencia y, a su vez, el número de hijos por familia”.
Por eso, pienso que esas políticas deben existir y adaptarse a las necesidades sociales de cada momento. No se trata de hacer lo que se ha llamado “ingeniería social” -manipular el desarrollo normal de las cosas-, sino precisamente de lo contrario. La presión fiscal puede conseguir que el proyecto matrimonial y su realización se conviertan en una carga asfixiante, si el Estado no reconoce el beneficio que supone. Porque resulta evidente que quien decide tener hijos y educarlos en el entorno más adecuado asume un esfuerzo del que se beneficiará toda la sociedad, porque esos hijos ayudarán a que todo funcione en el futuro, incluidas las pensiones de quienes han elegido no tenerlos.
Da la impresión de que en España estamos aún lejos de un debate tan realista. Probablemente no sea así, porque lo mismo parecía en Inglaterra hace pocos años. Al final, la verdad acaba encontrando su lugar y siendo reconocida por quienes no dejan que los prejuicios les cieguen. Igual que cada vez está más clara la necesidad de un pacto global sobre educación, confío en que también se considere la familia como uno de esos temas que nos conviene apoyar a todos.