Apadrinará un acto sobre la muerte asistida 13 días después del polémico congreso de contracepción concepto complejo

La Junta de Andalucía vuelve a situarse en el centro de la polémica sanitaria. Hace días, numerosas organizaciones como Derecho a Vivir, HazteOir.org, o el Foro Andaluz de la Familia lamentaron la decisión de la comunidad que preside José Antonio Griñán de apadrinar en Sevilla un Congreso Internacional de Profesionales del Aborto y la Contracepción que se celebrará el próximo 23 de este mes

12 Octubre 10 - Madrid - Sergio Alonso LA RAZON
Éstas y otras organizaciones leyeron incluso un manifiesto para reivindicar que la Capital Hispalense sea «la Ciudad de la Vida», y lamentaron que la Administración autonómica otorgue «soporte institucional y financiero a este aquelarre abortista, al calificar el evento como de interés científico-sanitario». A pesar de la lluvia de críticas, la Junta no sólo no va a desmarcarse de la cita, sino que tiene previsto, incluso, apadrinar más actos pseudocientíficos para impulsar un debate que, a su juicio, es muy necesario en la sociedad.

La ponencia de Luis Montes
Justo trece días después del cuestionado Congreso contraceptivo, el día 5 de noviembre, la Consejería de Salud que dirige María Jesús Montero tiene previsto orquestar otro evento para la polémica. Se trata de la jornada titulada «Derechos en conflicto: aborto, eutanasia y objeción de conciencia». El Foro elegido para tal debate es, nada más y nada menos, la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, y en ella la Junta figura como organizadora, junto con conocidas organizaciones filosocialistas como la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Jueces para la Democracia o la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa.

Entre los «ponentes» figuran precisamente dos de los médicos que trabajan en el centro sanitario madrileño que saltó a los medios tras desatarse el escándalo de las sedaciones supuestamente irregulares a enfermos terminales: el anestesista y jefe del Servicio de Urgencias durante los sucesos investigados, Luis Montes, y el ginecólogo Javier Martínez Salmeán. Investigado por los datos que saltaron a la luz pública, el primero figura en el programa con el cargo de presidente de Derecho a Morir Dignamente (DMD) Federal. En el cartel de la jornada aparece también como ponente encargada de la inauguración la consejera Montero, aunque un portavoz de la Consejería indicó a LA RAZÓN que su presencia no está aún registrada en la agenda del departamento, por lo que podría acudir algún otro alto cargo a sustituirla. También figuran como participantes Pablo Simón, del Servicio Andaluz de Salud, y Marc Antoni, del Comité de Bioética de Cataluña, ambos en la mesa sobre «una muerte digna», así como Mercedes Boix e Isabel Serrano, ginecólogas, en la mesa sobre el aborto.

La justificación del acto, recogida en el programa, es elocuente sobre la naturaleza del mismo. En ella se apunta, por ejemplo, que «la superación del modelo autoritario, que ha venido imponiendo al conjunto de la sociedad la visión ética de los grupos dominantes, requiere la intervención decidida del Legislativo en al menos dos sentidos». Como primer punto, le pide ser «permeable a las demandas sociales que reclaman el final de la tradición paternalista empeñada en proteger derechos más allá del deseo e incluso del interés de sus titulares».

En este sentido, los organizadores exigen «el reconocimiento pleno del derecho a la renuncia de la propia vida en contextos de graves sufrimientos o de percepción de pérdida de la dignidad». En segundo lugar, demandan la regulación de la objeción de conciencia «separando el legítimo derecho a no actuar en contra de las propias convicciones del inaceptable intento de imponer a los demás, por la vía de hecho, la propia moral».

Fuentes de la Consejería de Salud indicaron a este periódico que su participación en esta jornada responde a la necesidad de impulsar «un debate enriquecedor», y aludieron precisamente a la importancia de «hablar», después de la aprobación de la Ley autonómica sobre la muerte digna.