EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, OCULTA SU OBJETIVO DE CONVERTIR EL ABORTO EN UN DERECHO
Redacción analisis digital - 03/08/2010


La nefanda ley del aborto vuelve a suscitar la oposición y resistencia en varias Comunidades Autónomas. Denegada la suspensión cautelar de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y con los recursos del PP y del Gobierno de Navarra aún sin resolver, esta ley sigue su curso desde el pasado 5 de julio en que entró en vigor.

Como es sabido, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley y, según informó el alto tribunal a través de un comunicado oficial, la petición del PP de ordenar la suspensión de la aplicación de la ley hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, fue rechazada, decisión que fue rechazada con sus votos particulares por cuatro magistrados: el progresista Eugeni Gay y los conservadores Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas. Previamente, el pasado 30 de junio, el TC admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y por el Gobierno de Navarra contra la nueva regulación del aborto.

El Constitucional dio un plazo de tres días al Congreso, Senado y al Gobierno para que hicieran alegaciones sobre la suspensión cautelar de la norma planteada por el PP, en su recurso de inconstitucionalidad; así es como el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, pudo solicitar al TC que rechazase la petición del PP porque no existía previsión legal alguna que permitiera la suspensión de una norma con rango de ley, aprobada por las Cortes Generales.

Los servicios jurídicos del Estado, en su escrito de alegaciones, recordaron que los poderes de suspensión que tiene el TC “están tasados” y no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de “presunción de legitimidad”. Según la Abogacía, la legitimación que la Constitución atribuye a los diputados para interponer el recurso de inconstitucionalidad “queda ‘disociada’ de los derechos o intereses afectados por la Ley impugnada”.

De hecho, los servicios jurídicos del Estado señalaron que la nueva ley del aborto es plenamente constitucional, ya que “no introduce ex novo en nuestro ordenamiento judicial las condiciones en las que es posible la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se dirige a modificar nuestro régimen jurídico a la luz de la experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente”.

Tras la entrada en vigor de esta ley, algunas comunidades como, por ejemplo, Navarra y Murcia, han mostrado su deseo y resistencia a aplicarla. Por ejemplo, el diputado de UPN, Carlos Salvador, denunció en «La Mañana» de la COPE, que, con esta ley, Rodríguez Zapatero “no pretende evitar embarazos no deseados sino terminarlos”. Intentó argüir que “ZP se ha empeñado en sacar una ley que no figuraba en su programa electoral, es decir, que no había obtenido la confianza de los ciudadanos españoles, para hacer esto; lo ocultó intencionadamente, y quería hacer del aborto un derecho”. Por lo tanto, para Salvador esta ley “no pretende evitar embarazos no deseados, sino terminar con ellos”. “Necesitamos una pedagogía distinta sobre la vida -muestran algunas de sus declaraciones para Análisis digital-. Creo que fue la ministra la que negó la categoría de ser humano a un no nacido y eso es corrosivo. Tenemos que dignificar la vida y ese el compromiso que adquirimos con nuestros votantes”, añade.

Por su parte, el Gobierno valenciano ha acordado que, con carácter previo a la prestación del consentimiento a la interrupción del embarazo, se informará a la mujer de “la trascendencia ética de la decisión de abortar”, con “información visual” tanto del proceso de interrupción del embarazo como del de “formación de la vida”.

Y es que tan sólo unos cuantos, como la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud de Castilla-La Mancha, María Luz Rodríguez, ven bien el hecho de que el Parlamento haya aprobado la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que “no obliga a nadie a interrumpir su embarazo (en las primeras 14 semanas de gestación)”. En su opinión, la nueva ley ha establecido de manera “sólida y con muchas garantías” los plazos y los supuestos en los que se puede abortar, lo que implica “mayor seguridad para la mujer que se decide a hacerlo y al profesional que interviene en la interrupción del embarazo”. Asimismo, defendió, en la misma entrevista concedida a Europa Press, que el hecho de abortar “no es nuevo y se ha vivido con una clara normalidad los últimos 25 años”. “Cuando veo el debate que se ha suscitado, creo que no tenemos en cuenta que llevamos 25 años de historia en este ámbito, y que se ha vivido con franca normalidad el hecho de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Pero, sin embargo, no ha tenido en cuenta, que, en la historia de nuestro país, han existido algunas personas, como Carlos Guillerme Morín (detenido el 26 de noviembre de 2007), a quienes no les ha supuesto ningún tipo de remordimiento el practicar abortos anómalos de hasta siete, ocho e incluso nueve meses de embarazo, y por los que se han llegado a ganar sumas de hasta 8.000 euros por intervención. Es más, el negocio del aborto en España, desde hace tiempo, parece haber sido inmune a los tiempos que corren de crisis. Desde la despenalización de la interrupción del embarazo en 1985, la cifra de abortos ha ido aumentando regularmente en un 10% aproximadamente, cada año, bajo la presunción de un grave peligro para la salud mental de las embarazadas.

Por tanto, nuevamente, podemos cuestionarnos si esta nueva ley no será otra ley más de supuesta libertad sin fundamento, que quizá pueda permitir, a costa de cientos de miles de vidas, que unos pocos logren disfrutar de la que les queda rodeados de bienestar; eso sí, sin estimar cuánto le va a costar cada aborto a las maltrechas arcas públicas; y, evidentemente, sin dejar de observar que a la sociedad, cada aborto le supondrá un coste de lo que ese niño deje de aportar al mundo en el futuro por haber sido abortado; y este valor sí es incalculable.