El 90 por ciento de las intervenciones están sufragadas por la sanidad pública

ABC / MADRID/SEVILLA  5/10/2010

Las clínicas dedicadas a la interrupción voluntaria del embarazo han puesto de manifiesto la facilidad con que esta práctica se realiza en Andalucía. Una Comunidad donde en los últimos tres meses tales intervenciones han sido sufragadas por la sanidad pública en un 90 por ciento de los casos.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) apuntó ayer a Andalucía como la Comunidad «más respetuosa» con actual Ley que entró en vigor el pasado 5 de julio, frente a Madrid y Cataluña que son las comunidades autónomas que más están incumpliendo los principios de protección de la identidad, información, gratuidad y fácil acceso al aborto.
Según ACAI, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y Cantabria también destacan por «el buen cumplimiento» de la Ley en cuanto a la protección de datos de la mujer.
Su presidente, Santiago Barambio, y su vicepresidenta, Francisca García, señalaron en rueda de prensa, en su valoración sobre los tres primeros meses de aplicación de esta ley, que las clínicas advierten de que «cada comunidad aplica en su territorio su propia ley del aborto», con diferencias tanto en la forma de pagar la intervención, como a la hora de decidir qué abortos hacer y cuáles no, cómo proteger los datos de la mujer o cuánto debe durar todo el proceso.

Según las cifras facilitadas por 19 clínicas en 11 comunidades autónomas la de Madrid es «la que más trabas pone para impedir el cumplimiento de la norma», una situación que contrasta con la de Andalucía, «la más respetuosa con la ley». Por aspectos legales, en protección de datos de la mujer fallan sobre todo Madrid, Cataluña y La Rioja, siendo el catalán «el caso más grave», ya que allí se obliga a la mujer a identificarse para conseguir el reembolso de la prestación. Por contra, destacan por «buen cumplimiento» de este punto Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y Cantabria.

Sobre la gratuidad del servicio, ACAI se queja sobre todo de Cataluña y Cantabria donde las mujeres deben pagar la intervención para después recibir su reembolso. Como ejemplo de buen hacer destaca otra vez Andalucía, donde el modelo concertado de financiación es, según las clínicas, el más acertado. En concreto, en Andalucía el 90 por ciento de los abortos realizados con la nueva norma fueron pagados por la sanidad pública y el 10 por ciento fue sufragado por la interesada.