La norma puede dejar abierto el aborto hasta el final del embarazo, debido a su ambigüedad
LA RAZON 27 Febrero 10 - R. Serrano

El texto definitivo no aclara cómo se manifiesta la objeción de conciencia. Tampoco concreta lo que se considera como «anomalía grave» en el feto
MADRID- «No estamos ni a favor ni en contra del aborto. Sólo decimos que la ley es ambigua, no sabemos cómo se interpretará y puede dar lugar a una discriminación de los discapacitados». Así reaccionó el presidente de la Federación Española de Síndrome de Down (Down España), Pedro Otón, tras la aprobación definitiva, esta semana, de la nueva Ley del Aborto. La asociación que preside no se había significado hasta ahora en contra del texto. Pese a que uno de sus cometidos es informar a los futuros padres cuando diagnostican a un feto este trastorno, para que no se vean abocados al aborto sin otra opción, Down España no ha participado en manifestaciones contra la ley ni está entre las entidades  pro vida. Pero una vez que el Parlamento ha dado luz verde al texto final, han alertado de que la norma puede dejar abierto el aborto hasta el final del embarazo, debido a su ambigüedad.
Miedo a cómo se aplique
«Tenemos miedo a la aplicación real», señaló Otón a este periódico. El motivo es el cambio que sufrió la ley en el Congreso. En principio, la norma dejaba abierto el plazo para abortar por malformación hasta la semana 22. Más allá, sólo se podría interrumpir el embarazo por anomalías «incompatibles con la vida».
Pero la presión de los minoritarios de izquierdas hizo que se introdujera la posibilidad de abortar en el tercer trimestre de gestación también por malformaciones «graves e incurables». Sin embargo, la ley no especifica un catálogo de estas anomalías, ni tan siquiera un criterio para diagnosticarlas. Por si fuera poco, es el dictamen de un único médico el que decidirá si se interrumpe un embarazo.
La poca concreción de las malformaciones es sólo uno de los cabos sueltos de la norma. La objeción de conciencia ha sido caballo de batalla durante toda la tramitación y, al final, no se ha regulado de manera específica. Lo único que dice la norma es que la objeción será personal (no podrá objetar un centro sanitario en bloque) y sólo corresponderá a los profesionales que practiquen directamente el aborto. Y nada más. No se sabe si enfermeros, anestesistas o auxiliares entran dentro de los sanitarios que pueden negarse a interrumpir embarazos. En el caso de los ginecólogos, tampoco se especifica cómo pueden objetar. Para el presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), José Manuel Bajo Arenas, la ley, en este sentido «es muy inespecífica, y tiene que desarrollarse, o cada uno se arbitrará como pueda».
Pero no será éste el único dilema al que se enfrenten los galenos. La nueva legislación deja en sus manos la decisión de practicar o no un aborto a una menor que no haya informado a sus padres.
El PNV presentó una enmienda para que las jóvenes comunicaran a sus progenitores la decisión de abortar, pero, al final, se dejó abierta la puerta a que no lo hagan si alegan «fundadamente» un conflicto. Eso sí, no se exige ninguna prueba más allá de su testimonio verbal, por lo que será el médico el que finalmente tome la decisión.