Pero hay otro déficit mucho más difícil de resolver, el llamado estructural, que surge simplemente de la insuficiencia de personas en edad de trabajar y ésta es la amenaza más peligrosa, y además de difícil solución porque la variable demográfica solamente puede ser influenciada a largo plazo. La situación de España en este campo es crítica

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El grave problema del sistema público de pensiones en España es su déficit, que adoptará dos modalidades y esto precisamente es lo que hace más peligrosa la situación. Un déficit es el coyuntural. Surge debido a que, como consecuencia del paro y en cierta medida de los inactivos, los ingresos que percibe la Seguridad Social no son suficientes para pagar las pensiones del año en cuestión. En la práctica esta carencia puede quedar maquillada por el hecho conocido de que los parados que perciben la prestación por desempleo también aportan la correspondiente cuota a la Seguridad Social. Lo que sucede en este caso es que es el Estado quien está pagando la parte que en condiciones normales cubre la empresa y que es la decisiva. Esto es lo que ya ocurrió el año pasado y volverá a suceder éste con mayor intensidad. Se opera, por tanto, una transferencia del Estado al sistema público de pensiones por esta vía. Es una subvención encubierta. Esta es la situación que atravesaremos este año y posiblemente el próximo. Se resuelve en la medida que el paro disminuye, por lo tanto, la vía de respuesta es clara. Pero hay otro déficit mucho más difícil de resolver, el llamado estructural, que surge simplemente de la insuficiencia de personas en edad de trabajar y ésta es la amenaza más peligrosa, y además de difícil solución porque la variable demográfica solamente puede ser influenciada a largo plazo. La situación de España en este campo es crítica. A día de hoy, por cada pensionista hay sólo 0,92 personas comprendidas entre 0 y 16 años, la futura generación de reemplazo; la que determinará la población activa futura. Para que la cosa funcione es necesario que la relación entre pensionistas y activos sea de 1 a 3, ya que esto determinaría una buena tasa de actividad (digamos del 70%; la actual es de solo el 60%) un número de ocupados por cada jubilado de 2,1, que es el límite de viabilidad del sistema público de pensiones. Si, además, consideramos que a medio plazo los pensionistas crecerán, y mucho, como consecuencia de la jubilación de las edades del baby boom, la previsión solo puede ser catastrófica. En este marco objetivo, absolutamente concreto y expresable en cifras, hay que inserir el aborto. España es el país de Europa, y uno de los del mundo, donde los estímulos para abortar, legales, económicos y culturales son más importantes, mientras que los dirigidos a infantar, están situados a la cola de Europa. Se ha producido una inversión brutal sancionada por ley. El aborto se ha convertido en un derecho y el tener el hijo, no digamos ya el engendrarlo, en una opción. Además secundaria, mal vista por el Gobierno y en buena medida por la propia sociedad y no digamos ya por los medios de comunicación, que observan con espanto o con prevención a las familias numerosas. Es decir, hemos creado un sistema en el que la vía que permite salvar la Seguridad Social está mal vista, y la que la hunde rápidamente en la quiebra es celebrada y apoyada por los poderes públicos. Los abortos en España ya representan cerca de 1 de cada 4 nacimientos y en la próxima década significarán 1 de cada 3. La mordida a la natalidad es brutal. Plantear la prolongación de la edad de jubilación para asegurar el futuro de las pensiones (además de disminuir la prestación, una cuestión que va en el mismo paquete y de la que apenas se habla), y al mismo tiempo haber aprobado una ley del aborto como la que ha hecho Zapatero, es un engendro antisocial, absolutamente contrario a los intereses de los trabajadores y, lo que es peor, a los de sus hijos y nietos. Son dos medidas que tienen efectos ahora y que multiplican su carga negativa con el paso del tiempo. Se trata lisa y llanamente de la destrucción del sistema del bienestar, de los derechos sociales, por la vía de la desolación demográfica.