Los menores de 16 años no tienen obligación de decir la verdad en juicios civiles; si están emancipados, se pueden casar; si cometen un acto criminal, se les castiga como a menores... “Así se potencian personas con todo tipo de derechos -la ley les ampara- y sin un deber”. Como no tienen deberes, nadie les puede exigir nada, pero ellos sí pueden exigir.

Gaceta.es 12:10 | 08 de febrero, 2010

Cristina Arredondo
Firmar un testamento, torear, someterse a un aborto o a una cirugía sin necesidad de consentimiento paterno... La ley avala a los menores y arrebata a los padres el derecho a restringir la libertad de unas conciencias aún inmaduras.

Los menores tienen la sartén por el mango aunque el Código Civil obligue a los padres a velar por su bien hasta la mayoría de edad y a los hijos a obedecerles mientras estén bajo su tutela.
Charo Herraiz, abogada de familia, explica que “el Estado tiene que estar subsidiariamente si no están los padres, pero no por encima”. Al Gobierno “le parece un derecho fundamental que una niña aborte sin consentimiento de los padres... dejando entrever una escala de valores sin sentido común. ¿Es peor tatuarse o que una niña sea dueña de su cuerpo?”, dice la abogada. Según ella “el Estado quiere que el niño, desde pequeño, se familiarice con unas leyes que son mediáticas, pero a largo plazo se verá que esto no ha sido un empujón sino un hundimiento. El Estado se empeña en dar al menor una libertad que aún no le corresponde”. Los menores de 16 años no tienen obligación de decir la verdad en juicios civiles; si están emancipados, se pueden casar; si cometen un acto criminal, se les castiga como a menores... “Así se potencian personas con todo tipo de derechos -la ley les ampara- y sin un deber”. Como no tienen deberes, nadie les puede exigir nada, pero ellos sí pueden exigir. “Todos conocemos los derechos de los niños, pero no sus deberes”, dice Ana María Vilá, pedagoga. Los jóvenes no tienen que responder ante nadie, no son consecuentes y piensan que pueden hacerlo todo. “Las leyes que dan más libertad a los menores potencian la irresponsabilidad”, explica Vilá. Para esta pedagoga, “el Estado crea gente inmadura y que no piensa: los niños sólo actúan porque, hagan lo que hagan, siempre hay marcha atrás. Van a lo que más les apetece sin pensar sobre lo que hacen”.
Pero la culpa no es exclusiva del Gobierno, también es de la familia y de los profesores. “Hoy en día no educan ni los padres, ni el colegio ni el Estado. Todos delegan la educación y al final sólo se potencia el intelecto sin atender la dimensión humana.
Se crean seres competitivos, individualistas e inmaduros. Son unos cimientos que llevan a los jóvenes a actuar sin responsabilidad”. En el mismo sentido, Navas señala que estas concesiones narcotizan, dando lugar a “personas irreflexivas, que no critican, no piensan ni protestan... esto al propio Gobierno le conviene y por eso es entendible este tipo de prácticas”.
La edad penal está limitada en los 16 años. Cuando un menor comete un delito se le castiga de acuerdo a su edad, no a su madurez. El menor en ningún caso irá a la cárcel y se le envía a un centro de menores. Vilá destaca que “da igual dónde vaya, cuando salgan de ahí se encontrarán con el mismo problema que tenían antes: la falta de una persona que se preocupe de su formación integral”.
El límite para ser juzgado como mayor es el día en que se cumplen los 18, pero la madurez es la misma ese día que un mes antes. Para Elena Zarraluqui la madurez se da en una doble vía, “si eres maduro para muchas cosas, también lo eres para asumir el castigo si actúas mal”. Herraiz dice que “la edad penal actual da manga ancha. Te dice: ‘mata, porque no vas a ir a la cárcel”. Surgen de nuevo incoherencias porque “con esto se reconoce que un menor no tiene responsabilidad sobre sus actos”. Al establecer la edad penal en los 16 años, al joven se le dice que “no es responsable porque no tiene capacidad mental para ser consciente de lo que ha hecho, pero sí tiene capacidad para otras cosas”, explica Herraiz.
Educadores, expertos en menores y abogados resaltan la existencia de una madurez estándar para actuar, aunque se trata de una unidad que se rompe en función de las conveniencias del menor y, por qué no, de los intereses del Estado.